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La propuesta parlamentaria contiene medidas para gravar temporalmente el margen de intereses y las comisiones netas de las entidades bancarias, así como la cifra de negocios de las compañías energéticas. Tales medidas vendrían acompañadas de un régimen sancionador para quienes repercutan este gravamen a los clientes o usuarios.

Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno han registrado una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados, dirigida a establecer una nueva figura recaudatoria encaminada a las entidades del sector bancario, por una parte, y a las compañías del sector eléctrico, gasista y petrolero, por otra. En el ámbito energético, se propone la creación de una prestación patrimonial temporal de carácter público no tributario. Este tipo de exacciones públicas son prestaciones de naturaleza coactiva, que se exigen respondiendo a fines de interés general. En concreto, tienen esta consideración cuando son exigidas por la prestación de un servicio gestionado directa o indirectamente por medio de personificación privada.

En el caso de las entidades bancarias, la prestación tendrá un tipo de gravamen propuesto del 4,8% sobre su margen de intereses –es decir, intereses cobrados menos intereses pagados– más sus comisiones netas –comisiones cobradas menos comisiones pagadas–, pudiendo mantener así, según la motivación de la proposición de ley, “la debida proporcionalidad” en las aportaciones de cada grupo empresarial, de acuerdo con su cuota de mercado. Se someterán al pago de la prestación, en línea con lo propuesto para las compañías energéticas, los grupos fiscales de entidades con ingresos superiores a 800 millones de euros. Sin embargo, quedarían excluidos de gravamen los intereses y comisiones que se obtengan por filiales en el sector.

Los grupos parlamentarios que suscriben la proposición sostienen que, dentro del ámbito del sector bancario, el impacto anual de esta prestación supondrá un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades españolas de crédito.

Para las compañías del sector gasístico, petrolero y eléctrico, se propone un gravamen especial, configurado como una prestación patrimonial temporal de carácter público no tributario, que aplicaría un tipo del 1,2% directamente sobre su cifra neta de negocios, con el objetivo aparente de hacer un reparto proporcional a la cuota de mercado de las diferentes compañías. Además, la propuesta de ley vendría motivada en el contexto de la actual situación inflacionaria. Se haría necesario el desarrollo del llamado “pacto de rentas” desde el lado de las empresas, toda vez que, a juicio de los proponentes, aún no se habría materializado en términos justos y equilibrados, como sí habría sucedido desde el lado de los trabajadores, habida cuenta de la contención producida en materia de subidas retributivas y de contribución fiscal. Cumpliéndose el citado pacto de rentas, este gravamen, calificado de “instrumento de intervención del Estado en la economía”, perseguiría reducir los beneficios empresariales de estas compañías.

Se verán afectados por este gravamen especial todos aquellos grupos económicos de empresas del sector eléctrico, gasista y petrolero que ostenten la condición de operadores principales, definidos de acuerdo con la normativa fiscal. No serán gravadas las cifras netas de negocios inferiores a 1.000 millones de euros, correspondientes al año 2019. Asimismo, estarán eximidos los grupos en los que su actividad principal no fue la energética –es decir, que fue inferior al 50% de su cifra neta de negocios– en los años 2017, 2018 y 2019.

En aquellos casos en los que se tribute por el régimen de consolidación fiscal, esta nueva prestación únicamente tendrá en cuenta las cifras consolidadas del grupo fiscal. Esto significa que se incluirán solo las empresas españolas del grupo, quedando fuera las cifras de negocios obtenidas mediante filiales en el extranjero.

Sostienen los proponentes que estas nuevas exacciones supondrán más de 2.000 millones de euros anuales de recaudación en el caso del gravamen a las compañías energéticas, y de 1.500 millones de euros anuales en el caso del impuesto dirigido a las grandes entidades bancarias, que habrían empezado a verse beneficiadas de la subida de tipos de interés, en opinión de los grupos que suscriben la proposición de ley.

Esta nueva obligación podría surgir, en caso de aprobarse la proposición, el 1 de enero de 2023, manteniéndose también a lo largo de 2024. La prestación sería exigible los 20 primeros días del mes de septiembre, con un pago anticipado del 50%, que se realizaría los primeros 20 días del mes de febrero.

Adquiere relevancia destacar que esta exacción estaría configurada para no ser deducible en el Impuesto sobre Sociedades. En lo relativo a la posibilidad de que las compañías y entidades afectadas repercutan el coste del gravamen a los clientes y usuarios, la propuesta de ley establece una sanción del 150% de importe que se repercuta. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sería el organismo encargado de vigilar que no se repercuta el gravamen sobre los clientes y usuarios en el caso de las compañías energéticas. En el caso de las entidades bancarias, la CNMC debería colaborar, para ello, con el Banco de España.

Todas estas medidas contenidas en la proposición de ley registrada deberán someterse a tramitación en el Congreso de los Diputados después del verano, siendo todas ellas susceptibles de enmiendas.

B Law & Tax International Tax & Legal Advisors.

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