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El pasado 10 de enero de 2022, el Tribunal supremo dictó una sentencia (recurso 1563/2020), donde se tratan temas relacionados con la exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio y la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y qué se debe hacer en una donación de participaciones en el caso de que una parte del valor de la empresa transmitida derive de la tenencia de activos financieros.

Tanto el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) como el mismo Tribunal Supremo han tratado este tema desde diversas perspectivas y, finalmente, se han decantado a favor del contribuyente.

En sus conclusiones, el Tribunal Supremo define el concepto de empresa como un conjunto de capital y trabajo, por lo que es normal que existan indicios de que las inversiones financieras temporales responden a necesidades de la compañía, considerando las mismas afectas a la actividad, en el marco de la razonable gestión financiera de la entidad.

Además, también se clarifica que la procedencia de la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones viene condicionada a la acreditación de la afección de los activos a la actividad económica.

Finalmente, se confirma también la gran relevancia que adquiere la labor probatoria del contribuyente en ámbitos como la afectación de los activos, los cuales se consideran imprescindibles para el desarrollo de la actividad económica.

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