VolverDespués de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 3 de marzo de 2021, confirmando la compatibilidad del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica con la normativa comunitaria, se pone en evidencia que la fiscalidad medioambiental debe definir su función en el sistema tributario e integrarse adecuadamente para encajar con las demás políticas ambientales.
Esta sentencia se centra en tres aspectos:
En primer lugar, aborda el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el cual parece no casar con la Directiva 2008/118/CE, que tiene relación con el régimen general de los impuestos especiales. No obstante, el TJUE ha determinado que sí se ajusta con la mencionada directiva, al no tratarse de un impuesto indirecto.
En segundo lugar, aunque el IVPEE suponga un obstáculo para las energías renovables, el TJUE considera que el citado impuesto es compatible con la Directiva 2009/28, toda vez que ésta no prohíbe impuestos como el IVPEE ni exige que incentive el uso de energías renovables.
En tercer y último lugar, a pesar de las dudas existentes sobre las alteraciones en el mercado interior eléctrico que se producen debido al Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica (lo que podría concluir en un falseamiento de la competencia y la vulneración del principio de no discriminación de la Directiva 2009/72), el tribunal considera que no existe ninguna infracción, entendiendo, por un lado, que los ingresos provenientes del IVPEE no suponen un modo de financiar una medida de ayuda estatal y, por otro lado, que la referida directiva no se aplica a las reglas fiscales.
Después de las conclusiones tomadas por el TJUE, deberá plantearse una reflexión sobre la labor de la fiscalidad ambiental dentro del sistema tributario. Debido a esta cuestión, el Tribunal Supremo deberá adoptar una postura con relación a las nuevas medidas medioambientales.
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