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En la presente nota abordamos un breve análisis del artículo 33.3 a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, la “LIRPF”), y por lo tanto analizamos cual es el tratamiento fiscal que se le da a este tipo de operaciones, conforme al Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas (en adelante, el “IRPF). Para llevar a cabo este análisis, haremos uso del criterio establecido por la Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1642-17, de 23 de Junio de 2017.

El 10 de julio de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE) publicó en inglés y en francés la edición 2017 de las Directrices Aplicables en Materia de Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias (en adelante, las Directrices).

El Tribunal Supremo, en recurso para la unificación de doctrina, y a través de la sentencia de 20 de abril de 2017, consolida su doctrina – en semejantes términos se pronunció en la de 24 de junio de 2015- que establece que es posible aportar nuevas pruebas, en vía de revisión administrativa, no presentadas durante la tramitación del procedimiento tributario.

El pasado 11 de mayo de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al considerar que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido también como la Plusvalía Municipal) vulnera el principio constitucional de capacidad económica.