El 28 de agosto del presente año se aprobó la Orden Ministerial HFP/816/2017, que establece que la información relativa a las operaciones vinculadas y las operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales, que tradicionalmente se debían incluir en el Modelo 200 del Impuesto de Sociedades, se deberá declarar de manera independiente a través del Modelo 232 de “Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales” (BOE 30-8-2017).

En el presente artículo analizaremos los impuestos más comunes vinculados a los alquileres de viviendas para uso turístico o vacacional, a saber, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido, (en adelante IVA).

En la presente nota abordamos un breve análisis del artículo 33.3 a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, la “LIRPF”), y por lo tanto analizamos cual es el tratamiento fiscal que se le da a este tipo de operaciones, conforme al Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas (en adelante, el “IRPF). Para llevar a cabo este análisis, haremos uso del criterio establecido por la Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1642-17, de 23 de Junio de 2017.

El 10 de julio de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE) publicó en inglés y en francés la edición 2017 de las Directrices Aplicables en Materia de Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias (en adelante, las Directrices).