La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, introduce a través de la nueva disposición 18ª de la Ley General Tributaria, una nueva obligación específica en materia de bienes y derechos situados en el extranjero.

 

La ley 7/2012, de 29 de octubre, que intensifica las actuaciones en la prevención de lucha contra el fraude ha creado una nueva obligación tributaria de carácter formal: la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Dicha obligación viene desarrollada en el RD 1558/2012, de 15 de noviembre. En este artículo nos vamos a centrar en la obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (dejando las otras obligaciones que desarrolla el Real Decreto citado para futuros artículos).