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Bruselas busca cambios normativos con el objetivo de frenar la deuda pública sin bajar la inversión

La Comisión Europea reabrió el pasado martes el debate sobre la gobernanza económica de la Unión Europea. Pese a que primero se debe realizar una consulta a gobiernos, expertos y actores sociales, la intención es encontrar la forma de reducir la deuda pública. Además, no quieren frenar la inversión, vital para la recuperación económica y las transformaciones ecológica y digital.

La crisis económica provocada por la pandemia ha agudizado la desigualdad, la pobreza o las diferencias entre unos países, entre otras cosas. Además, se han disparado los niveles de deuda pública, con las normas fiscales suspendidas desde marzo de 2020 para que los gobiernos mantuvieran las economías a flote durante la crisis sanitaria. Por ello, Bruselas prevé que es el momento de volver a la senda de ajuste y busca cómo hacerlo, sin dinamitar el crecimiento.

Según ha explicado el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, “uno de los legados de la anterior crisis financiera fue que, gradualmente, durante esos años, la inversión pública en la Eurozona cayó hasta cerca de cero en términos netos. La inversión se llevó la peor parte de los recortes y las políticas fiscales estuvieron a menudo lejos de favorecer el crecimiento”. Tras esto, Europa no quiere cometer los mismos errores. Según las estimaciones de la Unión Europea, está previsto que las transiciones verde y digital reclamen una inversión de en torno a 650 mil millones al año. Una parte de este dinero tendrá que venir del sector privado, pero Gentiloni ha destacado que el papel clave pertenece a los gobiernos nacionales.

La crisis sanitaria ha provocado el endeudamiento de los países a niveles jamás vistos. La media europea se sitúa en torno al 100% del PIB. Antes de la pandemia, países como España, Italia o Grecia ya tenían complicaciones para reducir la deuda pública.

La Unión Europea lanzó el martes una consulta pública con el que esperar reabrir este debate. Se deberá decidir por si hay que reformar el pacto en profundidad, lo que implica redefinir las normas, indicadores y objetivos, o si resulta suficiente con introducir pequeños cambios que aporten más flexibilidad y den un poco más de margen a los gobiernos. Ante esta cuestión, los países se encuentran divididos.

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