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Casi una tercera parte del gasto público depende de las autonomías. 

Según un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), las cuentas del Estado ya no son la principal herramienta política presupuestaria para dirigir la economía. La entrada en el euro, el proceso de descentralización y desarrollo del estado autonómico ha provocado que las comunidades supongan un volumen destacado del gasto del sector público. 

Asimismo, las comunidades autónomas son responsables de las principales políticas del estado del bienestar como la sanidad, educación o los servicios de protección social. Por ello, el IEF señala que es necesario que sean servicios de calidad y con un buen modelo de gestión presupuestaria. 

Además, en estos últimos 25 años, este gasto autonómico ha pasado del 10% del PIB al 15%. En 2020 este porcentaje aumentó al 18% por los fondos especiales por el Covid. Con una tasa del 31,3% del total del gasto público, España se sitúa como un país descentralizado desde el punto de vista del gasto comparado con otros países de corte federal. 

Por otra parte, el informe afirma que no sucede lo mismo con los ingresos. La participación se fija en el 18,6% del total. Depende de las transferencias de la administración central, lo que puede generar efectos en la autonomía financiera. 

En adición, si no fuese por la Seguridad Social (36,9%), las comunidades serían la administración con mayor responsabilidad en el gasto público. Las transferencias siguen siendo la principal fuente de financiación de las comunidades.

 

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