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Bruselas acusa a España de incumplir la legislación comunitaria

La Audiencia Nacional ha decidido suspender el primer procedimiento judicial sobre la declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720) hasta que el Tribunal Supremo resuelva en casación las cuestiones planteadas en el recurso del contribuyente sancionado por la Agencia Tributaria.

En el auto, de 2 de octubre de 2020, la ponente, la magistrada Salvo Tambo, explica que los asuntos sobre los que queda pendiente la resolución, en expensas del fallo del Tribunal Supremo, se refieren a la regularización de las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la comunicación de información mediante la presentación extemporánea del Modelo 720 (la imprescriptibilidad tributaria de los bienes).

También, se refieren a las multas pecuniarias por cumplimiento tardío. Modelo 720. Todo ello, relacionado con lo establecido por la Disposición adicional 18 de la Ley General Tributaria y artículo 39.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según se establece en esta regulación, cuando se presenta el modelo omitiendo o consignando datos o conjuntos de datos de forma incompleta, inexacta o falsa, la sanción consiste en una multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 euros. En caso de que se presente fuera de plazo, sin requerimiento del Estado, la sanción mínima es de 1.500 euros, con 100 euros por cada dato o conjunto de datos.

Bruselas acusa a España de incumplir la legislación comunitaria

El Diario Oficial de la Unión Europea del de 17 de agosto de 2020 (C271/31) ha publicado el Recurso interpuesto por Bruselas en el que se solicita al TJUE que declare que, al adoptar y mantener en vigor esta normativa, España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los «principios de efectividad y de equivalencia como límites a la autonomía de que gozan los Estados miembros» cuando establecen las condiciones que rigen su responsabilidad por daños causados a los particulares en violación del Derecho de la UE.

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